Desde hace siglos,
desde inicios de las conquistas coloniales, los indígenas del Cauca venimos resistiendo
por la pervivencia en nuestros territorios ancestrales pues ya nuestros antepasados tuvieron que luchar por
conservarlos y muchos huyeron hacia las partes más altas de la cordillera Central
de Colombia para evitar ser exterminados tras el “Descubrimiento” de América”.
La resistencia indígena
continúa y aquí estamos, no han podido exterminarnos a pesar del rencor, el
poder, la arrogancia y la codicia que
motiva a los despojadores. Seguimos existiendo y resistiendo, por ejemplo, a principios
de la década de los años 70s en las recuperaciones de tierras que estaban a
manos de grandes hacendados que se hacían pasar como legítimos dueños y tenían escrituras
falsas. Eran estos propietarios los que decidían quienes podían vivir o morir y
trabajar en esas tierras robadas y ancestrales, bajo las más grades
humillaciones, el abuso, la explotación y la esclavitud. Esos abusos tenían que
tolerarlos nuestros padres y abuelos-as para poder tener un poco de comida para
los hijos, sin un pago alguno y acumulando una deuda eterna.
Es frente a estos
gamonales respaldados por las fuerzas armadas, por la ley, por los gobiernos y por
los partidos políticos, que nace la recuperación indígena directa de las
tierras, bajo el lema de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía con el que nace
clandestinamente el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que viene sufriendo
una persecución atroz, asesinatos de autoridades indígenas, amenazas, encarcelamientos, bloqueos,
ocupación y destrucción de casas y escuelas, mujeres violadas y cultivos
arrasados.
Durante el proceso de
recuperación de tierras en 1991 los paramilitares en alianza con la fuerza
pública, los terratenientes y los narcotraficantes cometen una masacre en la hacienda
El Nilo, ubicada en el Municipio de Caloto - Cauca. Esta masacre contra hombres,
mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos inermes e indefensos, fue una
acción criminal planificada y calculada para generar terror justo cuando
evaluábamos el trabajo de recuperación de la mencionada hacienda, pues en horas
de la noche fueron asesinadas veinte personas ametralladas con fusiles de largo
alcance, picadas con hacha, machete y quemados los ranchos donde vivían.
Pasados varios años y
tras una dura lucha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala como
responsable de la masacre a mandos de la policía de Caloto en complicidad con
el cartel de narcotraficantes del Sur del Valle del Cauca y responsabiliza al gobierno
de Colombia al más alto nivel, pero el Estado no cumple en justicia con las
víctimas y sus familiares, ni cumple con la entrega de tierras pactada, ni
otorga garantías de no repetición de este tipo de hechos atroces, lo que obliga
a los pueblos indígenas a movilizarse y a exigir respeto a sus derechos.
Viendo tantos hechos de
violación de los derechos humanos, tantos atropellos contra la población civil,
empiezan a surgir ideas e iniciativas al interior de las comunidades indígenas para
hacerles frente y dejar atrás este orden destructivo y suicida. A los numerosos
hechos que van en contra vía del buen vivir como pueblos milenarios, en todo el
ámbito territorial se suman aquellos que ahora, una vez expandido por todo el
planeta e incrementado su poder destructor, ponen en riesgo la vida misma de
todos los seres incluido el ser humano. El mundo occidental abusa y explota a
sus semejantes y no hace nada efectivo para respetar y proteger a la Madre
Tierra, madre por dentro y por fuera de todo, incluidos los seres humanos.
Frente a este proyecto
de muerte nos concientizamos y movilizamos en defensa del gran pueblo marginado
por el estado colombiano desde hace siglos. Sobre todo nos organizamos en la
Asolación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, y tenemos espacios
de formación en medio ambiente, jóvenes, mujer, comunicación, salud, educación,
justicia propia, defensa de la vida en un tejido que reúne alrededor de 20
cabildos indígenas.
Todo este proceso
indígena en el Cauca está marcado por la represión brutal, asesinatos, de
líderes, lideresas y comuneros y quizás lo más indignante, muchos niños y niñas
que no pueden vivir junto a sus padres por culpa de la guerra que les quita las
ilusiones. Estos son hechos cometidos por el ejército nacional de Colombia, la
guerrilla de las FARC-EP, los paramilitares Águilas Negras, las AUC, la delincuencia
organizada por los narcotraficantes y apoyadas a su vez por miembros de la
fuerza pública.
Cada grupo armado
quiere controlar zonas de la cordillera Central, por ser un corredor
estratégico para comunicarse con los departamentos del Valle, Cauca, Putumayo y
Huila, y el interés aumenta por ser lugares en los que hemos conservado la
biodiversidad, el agua, la flora, la fauna, el oxígeno y los minerales en el subsuelo.
La guerra deja grandes
ganancias a quienes la promueven y nuestro gran pueblo sigue resistiendo al empresariado
y a su estrategia de terror que incluye la eliminación de la consulta previa
para sus inversiones, la militarización de los territorios por la fuerza
pública una vez se firmó la paz. Nos afecta la reaparición y el rearme de las “disidencias
de las FARC”, de las “Águilas negras” y toda una madeja de organizaciones paramilitares
que asesinan en el Cauca y en todo el país. Nos preocupa el fracaso de las
negociaciones con el ELN y el surgimiento casi diario de nuevos grupos amados,
aunque algunos utilicen los nombres de grupos ya existentes como el ELN o el EPL.
La guerra es un negocio
enorme no sólo para los actores armados en conflicto, sino para las grandes
multinacionales y para el poder del capital transnacional al que sirven. Esta
dinámica de guerra para la acumulación está incrustada en el poder y la dinámica
estatal. Esa la esencia del Estado y es su razón de ser. Basta con echar una
mirada a la historia de la guerra en otros sectores sociales de Colombia y se
aclarará cualquier duda que pueda haber. Terror/guerra y Estado son
inseparables entre sí y sirven a la acumulación concentrada de riquezas y de poder.
Desde su creación la Guardia
Indígena cumple un papel fundamental en este contexto de guerra por ser defensores
de la vida y de los derechos humanos, no están armados y se distinguen por
portar como identificación un bastón ofrecido por los mayores espirituales en
conjunto con la asamblea comunitaria. Su tarea y el mandato es el de velar y
defender todo un gran territorio, siempre acompañado de la comunidad.
En el año 2019, en
plena “transición” no ha cambiado nada en positivo en nuestros territorios pues
el término paz se usa para engañar, despojar y justificar la guerra. Sólo basta
con mencionar el asesinato de Daniel Eduardo Rojas Zambrano, Presidente de la
Junta de Acción comunal en López Adentro y a su vez guardia indígena en el
Municipio de Caloto Cauca, sin mencionar decenas de muertos invisibilizados por
los medios de comunicación al servicio de las élites económicas que patrocinan
la guerra y el etnocidio en Colombia.
Por: ABEL
COICUE. Comunero y Ex autoridad del pueblo indígena nasa,
Resguardo de
Huellas-Caloto/Cauca, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca –ACIN- y del Consejo Regional indígena del Cauca CRIC y de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.
Es comunicador indígena
Nota: Este artículo se
publico en el Boletin del colectivo de colombianos/Refugiados/as en
Asturias “Luciano Romero Molina”N°18 Julio 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario